Ejecución de garantías inmobiliarias

Bajo el concepto de referencia, la Superintendencia de Sociedades pretende hacer aclaraciones respecto del proceso de ejecución de garantías mobiliarias y la autoridad competente para conocer de las controversias que se susciten en torno a la misma.

Sobre el primer punto indica que la garantía mobiliaria se constituye mediante contrato que tiene el carácter de principal, entre el garante y el acreedor garantizados, sobre los bienes contemplados en el artículo tercero de la Ley 1676 de 2013 y la figura jurídica consiste en que el deudor otorga un bien en garantía del cumplimiento de una obligación principal.

En el evento de incumplimiento por parte del deudor de alguna de sus obligaciones contraídas en el contrato de garantía mobiliaria, el acreedor garantizado puede ejecutar la garantía por dos de los mecanismos que la Ley prevé. El primero es conocido como la adjudicación o realización especial de la garantía real y para el segundo se requiere iniciar el procedimiento denominado “ejecución especial de la garantía” de conformidad con el artículo 58 de la Ley 1676 de 2013.

No obstante, las posibilidades de cobro anteriormente presentadas, también el ordenamiento regulador de las garantías mobiliarias configuró una modalidad de ejecución de la garantía denominado “pago directo”. El momento en el que el acreedor se hace dueño del bien resulta de vital importancia, por cuanto es en tal instante en el que la cosa sale del patrimonio del deudor para ingresar al del acreedor garantizado.

Para que esta modalidad de pago opere, deberá pactarse de mutuo acuerdo en el respectivo contrato que el acreedor garantizado puede satisfacer directamente su crédito con los bienes dados en garantía mobiliaria en cuyo caso deberá ceñirse a las previsiones contempladas en el artículo 60 de la Ley 1676 de 2013.

En principio, el pacto contractual en virtud del cual se seleccione el pago directo como mecanismo para ejecutar la garantía mobiliaria excluye la posibilidad de hacer uso de los demás procedimientos de ejecución anteriormente mencionado. Sin embargo, si el bien dado en garantía representa un valor inferior al garantizado, el acreedor se debe pagar con el bien y puede adelantar el cobro correspondiente por el saldo insoluto mediante la vía jurisdiccional.

La Superintendencia de Sociedades es enfática en resaltar que si existe algún saldo insoluto que quede sin pagar, este podrá ser cobrado por la vía judicial, sin embargo, se debe tener en cuenta que será catalogado como un acreedor quirografario y no se conservará preferencia ni privilegio para el pago. Es decir, cuando concurren varios créditos frente a un mismo patrimonio el Código Civil estableció un orden preferente para pagarlos dada la importancia que genera para la sociedad el pago de ciertas obligaciones sobre otras (v.gr. las deudas laborales deberán pagarse preferentemente a las deudas fiduciarias) y para esto estableció cinco órdenes de pago.

El acreedor que cuente con garantías mobiliarias se encontrará en el segundo grado de prelación de créditos y su saldo solo podría verse afectado por los créditos de primera clase. Sin embargo, lo que contempla la norma es que si decide iniciar un cobro por el saldo insoluto de una garantía mobiliaria, no contará con la preferencia de segundo orden sino que entrará a un quinto orden, denominado acreedores quirografarios.

Con respecto al segundo punto de análisis establece que la autoridad jurisdiccional competente para conocer de la solicitud de aprehensión de la garantía es el Juez Civil y la Superintendencia de Sociedades. En cuanto a la competencia de la Superintendencia establece que será a prevención y sólo en el evento en que el garante sea una sociedad sometida a su vigilancia.

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