NUEVO CASO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EN EL RÉGIMEN DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Por medio de un proceso verbal ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor (DNDA) la Sociedad Microsoft Corporation consiguió que se declarara civilmente responsable a la Sociedad Importadora y Distribuidora de Colombia Ltda. (Imdicol Ltda.) bajo el cargo de violación a los derechos de propiedad de intelectual. El caso fue fallado bajo el encargo de la DNDA por Carlos Andrés Corredor Blanco el pasado 2 de mayo de 2019 y tiene por número de referencia el 1-2018-16302.

Los hechos que permitieron a la DNDA establecer como cumplidos los presupuestos de la responsabilidad civil fueron dos. En primer lugar, se encontró probado mediante inspección judicial que en las oficinas de Imdicol Ltda. había múltiples ordenadores haciendo uso de los programas Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Office Professional Plus 2010, Office Professional Plus2013 y Office Professional Plus 2016. En segundo lugar, Imdicol Ltda. no acreditó el pago de las licencias requeridas para el uso de tales programas, lo que permitió a la DNDA establecer el no pago de las licencias como un hecho probado.

En cuanto al daño, la DNDA condenó a Imdicol Ltda. al pago de doce millones seiscientos cincuenta y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos (12.659.999 COP) bajo el título de lucro cesante. La suma correspondió al valor que Microsoft dejó de recibir como consecuencia de la explotación sin licencia de los programas empleados por Imdicol Ltda.

La importancia de la decisión de la DNDA radica en la interpretación que esta realizó del nuevo parágrafo del artículo 10 de la Ley 23 de 1982, adicionado por el artículo 1 de la Ley 1915 de 2018, que contiene las disposiciones más recientes en cuanto al régimen de propiedad intelectual se refiere. De acuerdo con la interpretación de la DNDA, la presunción de titularidad de los derechos de autor establecida en las decisiones de la Comunidad Andina de Naciones, que solo contemplaba a personas naturales, ahora es extensible también a las personas jurídicas que funjan como los distribuidores del producto, siempre que estas cuenten con la titularidad de los derechos patrimoniales de la obra. De modo que, en virtud de la nueva presunción, los distribuidores no tienen que probar la titularidad de los derechos patrimoniales para contar con legitimación por activa en los procesos de responsabilidad civil; no obstante, esta es una presunción que admite prueba en contrario y, por lo tanto, puede ser desvirtuada.

Tanto la reforma al régimen de propiedad intelectual llevada a cabo por la Ley 1915 de 2018 como la presente decisión de la DNDA ponen en evidencia un error estructural en el régimen de propiedad intelectual colombiano. El origen de este error tiene lugar en la concepción misma de las normas que gobiernan la propiedad intelectual en Colombia y consiste en que desde el principio hasta hoy se les ha dado a los programas de computación un trato semejante a las obras de arte. A pesar de que la asimilación del marco normativo de la propiedad intelectual de los programas de computación con el régimen de propiedad intelectual acerca de las obras de arte sentó las bases de la actividad regulatoria para los programas de computación, la evolución constante de la tecnología y los modelos de negocio que surgen de esta han hecho que las normas sobre propiedad intelectual en Colombia sean obsoletas y necesiten actualizaciones constantes. En últimas, lo más probable es que una compresión integral del sector tecnológico obligue al legislador a realizar una reforma estructural de la propiedad intelectual en Colombia, que debería llegar hasta cuestionar también las disposiciones de la Comunidad Andina de Naciones.

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